La violencia generada por el crimen organizado en México ha alcanzado niveles alarmantes, expandiéndose ahora a un terreno inesperado: la industria musical. En los últimos años, los artistas del regional mexicano, particularmente los exponentes de los corridos tumbados, han sido objeto de amenazas directas por parte de grupos delictivos. Estas amenazas, que van desde narcomantas hasta ataques violentos, han forzado la cancelación de numerosos conciertos en todo el país, sembrando el miedo entre los músicos y sus seguidores.
Lo que en principio parecía un fenómeno aislado, hoy se ha convertido en una constante preocupante: si un artista es señalado por un grupo criminal, su actuación está en peligro. Pero no sólo la seguridad del cantante está en juego, sino también la de su equipo, sus fans y los organizadores de los eventos. Los cárteles, como nuevos actores del entretenimiento, se han convertido en “curadores involuntarios” de conciertos y festivales, decidiendo quién puede y quién no puede subirse al escenario.
Un ejemplo claro de esta problemática ocurrió recientemente con Grupo Firme. La agrupación, que estaba programada para presentarse en el Carnaval de Mazatlán, canceló su actuación tras recibir una amenaza mortal. En Tijuana, Baja California, autoridades locales encontraron una cabeza humana dentro de una hielera junto a una narcomanta dirigida a la banda. El mensaje fue explícito: “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos.” A pesar de la cancelación, el evento continuó con artistas como Los Aguilar, mientras que las autoridades locales tomaron medidas de seguridad más estrictas.
Las amenazas del crimen organizado contra músicos no son algo nuevo. El asesinato de Valentín Elizalde en 2006 marcó un antes y un después en la violencia contra artistas del género. Aunque el crimen no estaba directamente relacionado con un concierto, sí hubo presiones para que Elizalde modificara su setlist esa noche. Desde entonces, las amenazas y las muertes han sido cada vez más comunes, y muchos otros artistas como Fuerza Regida, Peso Pluma y Natanael Cano han enfrentado la misma situación.
El fenómeno ha crecido en intensidad. Por ejemplo, Fuerza Regida, en más de una ocasión, ha tenido que cancelar conciertos debido a mensajes violentos. En 2023, uno de los incidentes más sonados ocurrió en Tijuana, donde el vocalista de la banda recibió una amenaza directa: “Aquí se tiene dueño, no somos corrientes. Por eso no te matamos, fue aviso.” Más recientemente, Peso Pluma, quien es uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, tuvo que suspender su show en Tijuana por una amenaza firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A medida que las amenazas y las cancelaciones aumentan, la industria musical mexicana se encuentra bajo la sombra del crimen organizado, que no solo controla las actividades ilícitas tradicionales, sino también la posibilidad de que los artistas se presenten en el escenario. La violencia contra los músicos ha transformado lo que antes era una gira de conciertos en una cuestión de supervivencia. Los cárteles no solo buscan imponer su voluntad sobre el contenido de las canciones, sino que, con la violencia como carta de negociación, están cambiando las reglas del juego en la industria musical.
La pregunta es clara: ¿hasta qué punto la música regional mexicana será capaz de resistir la influencia de estos grupos delictivos? En un país donde el miedo es el nuevo productor de conciertos, la música ya no se hace solo para el público, sino también para los cárteles.
